Tenía prohibido alcalde de Santiago descontar a policías

Para alguien educado en el conocimiento de las leyes, observar las acciones de las autoridades mexicanas es vivir una pesadilla.

Esta semana fuimos informados que el alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, había rebajado en 700 pesos el salario de policías municipales a manera de correctivo disciplinario, cooperando así a su propia muerte a manos de los Zetas.

Si bien este hecho manifiesta una abominable falta de sensibilidad del fallecido presidente municipal, se suma el increíble y a la postre mortal desconocimiento de las normas de nuestro país, una vez que la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León le impedía realizar dichos descuentos.

El artículo 32 de la ley que rige las relaciones laborales de los trabajadores municipales señala que “no se deberán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores”, salvo en tres situaciones ajenas a disminuciones como sanción por mal desempeño.

Los tres casos son por anticipo de salario, pagos hechos en exceso, por error o provocar pérdidas al Estado; cobro de cuotas sindicales, fondos para cooperativas o cajas de ahorro, y aquellos ordenados por la autoridad competente para pagar pensiones alimenticias a dependientes económicos.

No sólo hay ninguna mención de descuentos a los trabajadores en caso de no cumplir con sus obligaciones, a manera de correctivo disciplinario, sino que además el artículo 33 prohíbe expresamente aplicar al salario cualquier embargo judicial o administrativo, más allá de lo señalado en artículo anterior.

Por más grave que haya sido la violación de Cavazos a la ley (los bajos salarios son una de las razones que hacen a los policías formar parte del crimen organizado) no es la única dada a conocer recientemente en este terreno.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a raíz del asesinato del presidente municipal, declaró que la descomposición en la que se encuentra su Estado se debe a que en el pasado no se persiguieron de forma suficiente los delitos cometidos por el crimen organizado.

Esta declaración con la que el gobernador busca liberarse de responsabilidad en un entorno social ignorante de la ley, soslaya su papel en impulsar una investigación sobre la probable responsabilidad de funcionarios por omisión en la comisión de innumerables delitos.

El propio Presidente Felipe Calderón ha difundido la misma idea, pero también sin realizar acciones para fincar responsabilidad y sancionar a quienes habrían evitado perseguir al crimen organizado.

Las leyes penales no sólo contemplan sanciones para los servidores públicos que incurren en abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos, si no para quienes teniendo conocimiento del crimen, dejan de perseguirlo convirtiéndose en responsables en grado de complicidad.

De la misma manera, no sólo los funcionarios públicos, sino los propios ciudadanos son exigibles penalmente, en caso de ser testigos de un flagrante delito y no hacer la denuncia correspondiente.

Sin embargo, lo que tenemos hoy son autoridades y ciudadanos nadando en sentido contrario, hacia el incumplimiento de normas generalizado. La muerte de Cavazos es la metáfora de las consecuencias (la ignorancia de la ley es mortal) y la pesadilla del conocedor de la normatividad se hace visible para toda sociedad, aunque esta ignore que su origen radica en la falta de vigencia del orden jurídico.

La inoperancia de los derechos constitucionales al trabajo y a la educación, de la obligación de pagar impuestos, la falta de cobro de las cuotas patronales para pensiones, así como la tolerancia de la sociedad ante los delitos, han creado al crimen organizado.

En el terreno, rige el puro ejercicio de la fuerza de una delincuencia atrapada entre la espada y la pobreza, midiéndose con una autoridad al parecer incapaz de triunfar sobre el enemigo.

En estas circunstancias, la Historia enseña la necesidad de crear un pacto entre las fuerzas que mantienen un relativo equilibrio de fuerzas. Un pacto, que como durante la Revolución Mexicana, llevó a una nueva legislación.

Esta tendría que organizar al narcotráfico como una industria capaz de generar empleos legales y que los empresarios compitan en vez de ordenar asesinatos, así como de pagar impuestos que mejoren los servicios públicos y financien una política sólida de salud pública en la materia.

De lo contrario, la pesadilla se expandirá. No hay que olvidar que Raymundo Riva Palacio, señaló en su columna Estrictamente Personal, que en la educación que queda, la de las madres, se enseña a los hijos sicarios que es mejor morir en 3 años en la guerra del narcotráfico, que vivir mal toda la vida.