El Amo Invisible

Los fuertes impactos mediáticos de la semana pasada dejaron poco para la reflexión, pero mucho para la victoria de la moral. Júbilo por la detención de La Barbie y su vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Escándalo por el anuncio del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de la existencia de un segundo sobreviviente de la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas. Duelo por la muerte del célebre escritor y periodista Germán Dehesa.

Triunfó el bien sobre el mal: Fue capturado un monstruo capaz de ejecutar descuartizamientos a inducir a los niños a la drogadicción. Nada más glorioso que poner un alto al castigo que la bestia ejerce contra la bella.

Mayor celebración aún: Los vínculos de La Barbie con Colombia ayudaron a reafirmar otra maldad: La de las FARC, los guerrilleros transfigurados en torturadores y terroristas; aquellos que pasaron de reivindicadores del pueblo a envenenadores de la juventud.

Las buenas conciencias rasgaron sus vestiduras. Voces mediáticas y el canciller hondureño, Mario Canahuati, criticaron la “irresponsabilidad” del presidente de Ecuador por revelar la existencia de un segundo sobreviviente de la matanza y alertar así a los criminales para asesinarlo.

Doble escándalo: Los macabros homicidios de hombres con estatuto de sobrevivientes; de héroes con apenas carne en los huesos para cruzar fronteras; de víctimas de vampiros capaces de chupar la poca sangre que les queda en el pellejo. Todo esto más su infame exposición como corderos para el sacrificio.

Finalmente, el final feliz con el que cierran estos espectáculos tanáticos: Los “daños colaterales” habrán ayudado a la victoria futura sobre el crimen organizado, y la literatura de Dehesa brillará por toda la eternidad, mientras los mariachis significan el funeral con un “no has muerto en vano”.

Perfecto el círculo dibujado por la telenovela de lo real: Un mundo de víctimas y victimarios; una vida con criminales que reciben su castigo; una casa donde el Padre se desvive para proteger a sus hijos; un porvenir donde el cielo reinará sobre la tierra. Sin embargo, algo no cuadra en esta perfección.

En primer lugar, el Presidente de México, Felipe Calderón, reconoció que la guerra contra el crimen organizado no acabará con la venta de drogas, con lo cuál deja de ser consistente que el combate se libra en nombre de los hijos del Estado, los niños y jóvenes de México.

De tal suerte, que la decisión presidencial sobre quienes morirán en el combate (traficantes, policías, militares y civiles), se realiza con relación a otra causa. Su ausencia en el discurso, le da carácter de inconfesable e implica que en el fondo combatientes y audiencias desconocen las razones de la lucha.

En consecuencia, detrás de la imagen de una autoridad que cumple con su noble papel de proteger a los ciudadanos, encontramos una tanato-política que lleva la marca de la perversión, porque el Padre conduce a los hijos al sacrificio en nombre de lo desconocido.

En segundo lugar: la construcción de la maldad se realiza sin el debido pasaje por el cotejo de pruebas y equilibrio de fuentes de información, lo que convierte a los medios en jueces parciales de los acontecimientos y usurpadores del Poder Judicial Federal.

La responsabilidad de La Barbie sólo se basa en las afirmaciones del Ministerio Público Federal, sin que un juez haya determinado la responsabilidad en los delitos que se le imputan. Sin embargo, la repetición mediática generó una convicción inamovible y el presunto delincuente es ya recluso de lo indefendible.

Pero más importante aún: La prensa extranjera en Colombia no ha logrado documentar con fuentes independientes el vínculo entre las FARC y el narcotráfico. La información proviene de averiguaciones previas que incluyen testimonios de víctimas, presuntos narcotraficantes y ex rebeldes, cuyo contenido aún está sujeto a un proceso de veridicción por un juez.

Esto significa que detrás de la división moral entre inocentes y culpables, existe una decisión política de los gobiernos de México y Colombia para determinar a priori quienes son los protagonistas del mal.

Con la repetición, sus amigos mediáticos convirtieron a las presunciones en pruebas y hacen de los enemigos culpables por veredicto popular. La presunción de inocencia, la igualdad procesal y la sentencia, como forma de establecer la verdad para la sociedad, son inoperantes para garantizar un juicio justo.

Desde esta manera, tampoco hay un gobernante ecuatoriano “irresponsable”, que como Abraham expone a su hijo al sacrificio. Lo que existe es un enemigo político, el canciller hondureño, quien utilizó al sobreviviente cómo instrumento para el ataque contra Correa.

La protección de los conciudadanos no puede ser el motivo de Canahuati. Está demostrado que las políticas económicas de América Latina generan la migración que dicen combatir y, por tanto, son los gobernantes quienes están dispuestos a entregar en sacrificio a una parte de sus connacionales mediante el vía crucis de la migración.

Los infortunios de la moral ni las virtudes de la perversión, determinan el discurso de la opinión pública. Es la relación amigo/enemigo la que define la clase de vínculo entre los protagonistas.

La propia muerte de Dehesa no es ajena a esta característica esencial de lo político: Su deceso fue exluido del noticiero de Joaquín López Dóriga, en ejercicio de la libertad de expresión del periodista o de Televisa, la compañía con futbolistas y artistas que disfrutaron de la mercancía de La Barbie.

La falta de afinidad de López Dóriga-Televisa con el escritor y otros protagonistas de la vida nacional, como los legisladores Javier Corral y Santiago Creel, enseña que el derecho a la libertad de expresión se acompaña de otro derecho que no sólo es protagonista del proceso penal: la libertad de permanecer callado.

La animosidad de Televisa contra Reforma (casa editorial de Dehesa) ya se había manifestado también durante la semana, cuando la empresa difundió declaraciones del dueño de Cemex, Lorenzo Zambrano y en las que consideraba traidores a quienes abandonaban Monterrey por la inseguridad pública.

López Dóriga “contextualizó” la nota diciendo que uno de los empresarios que dejó Monterrey era Alejandro Junco, propietario de ese y otros diarios, y que había huido fuera del país, luego de ser amenazado por el crimen organizado.

Para concluir el despacho, el periodista reveló la ciudad en la que el empresario radica hoy en Texas, poniendo en riesgo su integridad física, no por una inconciencia de su falta de responsabilidad, sino porque Junco se encuentra al otro lado de la relación amigo/enemigo.

La protección de los ciudadanos no es un valor que rija la conducta del canciller de Honduras, pero tampoco de Televisa, donde además de la animosidad, el rating es lo que establece la pauta de información.

La empresa llevó a cabo entrevistas con los sobrevivientes con el formato tradicional de un rostro desdibujado, pero que permite a cualquiera que conozca a la persona identificarla por la voz y lo que está fuera de su cara. Borrar el rostro no garantiza la vida de la persona asegurada, pero sí la fascinación que siente el espectador ante el rostro oculto de la víctima.

Arriesgar la vida con la violación de las leyes penales y migratorias, indica que narcotraficantes, salvadoreños, hondureños, mexicanos y ecuatorianos, entre otros, son grupos que aunque opuestos en el drama moral, protagonizan ambos una rebelión.

Sin embargo, su papel de bestias y víctimas inocentes, no les autoriza un derecho a la palabra que profundice en las razones de la rebelión, su necesidad y que haga emerger en el discurso la causa que los pone a encontrarse dentro de una guerra de manera tan sangrienta.

Aunque la Literatura de Dehesa vivirá por mucho tiempo después de su muerte, su final no fue tan feliz. En una entrevista con Carmen Aristegui, días antes de su muerte, confesaba que le tenía intranquilo no entender las razones de la violencia actual en el país. Con esa duda se fue.

Podemos comenzar una respuesta con una visión freudiana-lacaniana: En lugar de una telenovela, tenemos la Historia: sociedades humanas formadas con hijos privilegiados y otros discriminados, en una rebelión contra el Padre en una disputa por el derecho al goce.

Será tarea del análisis testimoniar por los muertos, haciendo aparecer en el discurso a ese Amo y saber si lleva el nombre de Estados Unidos, corporaciones trasnacionales, los verdaderos dueños del tráfico de drogas internacional, o de alguien más.

Tenía prohibido alcalde de Santiago descontar a policías

Para alguien educado en el conocimiento de las leyes, observar las acciones de las autoridades mexicanas es vivir una pesadilla.

Esta semana fuimos informados que el alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, había rebajado en 700 pesos el salario de policías municipales a manera de correctivo disciplinario, cooperando así a su propia muerte a manos de los Zetas.

Si bien este hecho manifiesta una abominable falta de sensibilidad del fallecido presidente municipal, se suma el increíble y a la postre mortal desconocimiento de las normas de nuestro país, una vez que la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León le impedía realizar dichos descuentos.

El artículo 32 de la ley que rige las relaciones laborales de los trabajadores municipales señala que “no se deberán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores”, salvo en tres situaciones ajenas a disminuciones como sanción por mal desempeño.

Los tres casos son por anticipo de salario, pagos hechos en exceso, por error o provocar pérdidas al Estado; cobro de cuotas sindicales, fondos para cooperativas o cajas de ahorro, y aquellos ordenados por la autoridad competente para pagar pensiones alimenticias a dependientes económicos.

No sólo hay ninguna mención de descuentos a los trabajadores en caso de no cumplir con sus obligaciones, a manera de correctivo disciplinario, sino que además el artículo 33 prohíbe expresamente aplicar al salario cualquier embargo judicial o administrativo, más allá de lo señalado en artículo anterior.

Por más grave que haya sido la violación de Cavazos a la ley (los bajos salarios son una de las razones que hacen a los policías formar parte del crimen organizado) no es la única dada a conocer recientemente en este terreno.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a raíz del asesinato del presidente municipal, declaró que la descomposición en la que se encuentra su Estado se debe a que en el pasado no se persiguieron de forma suficiente los delitos cometidos por el crimen organizado.

Esta declaración con la que el gobernador busca liberarse de responsabilidad en un entorno social ignorante de la ley, soslaya su papel en impulsar una investigación sobre la probable responsabilidad de funcionarios por omisión en la comisión de innumerables delitos.

El propio Presidente Felipe Calderón ha difundido la misma idea, pero también sin realizar acciones para fincar responsabilidad y sancionar a quienes habrían evitado perseguir al crimen organizado.

Las leyes penales no sólo contemplan sanciones para los servidores públicos que incurren en abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos, si no para quienes teniendo conocimiento del crimen, dejan de perseguirlo convirtiéndose en responsables en grado de complicidad.

De la misma manera, no sólo los funcionarios públicos, sino los propios ciudadanos son exigibles penalmente, en caso de ser testigos de un flagrante delito y no hacer la denuncia correspondiente.

Sin embargo, lo que tenemos hoy son autoridades y ciudadanos nadando en sentido contrario, hacia el incumplimiento de normas generalizado. La muerte de Cavazos es la metáfora de las consecuencias (la ignorancia de la ley es mortal) y la pesadilla del conocedor de la normatividad se hace visible para toda sociedad, aunque esta ignore que su origen radica en la falta de vigencia del orden jurídico.

La inoperancia de los derechos constitucionales al trabajo y a la educación, de la obligación de pagar impuestos, la falta de cobro de las cuotas patronales para pensiones, así como la tolerancia de la sociedad ante los delitos, han creado al crimen organizado.

En el terreno, rige el puro ejercicio de la fuerza de una delincuencia atrapada entre la espada y la pobreza, midiéndose con una autoridad al parecer incapaz de triunfar sobre el enemigo.

En estas circunstancias, la Historia enseña la necesidad de crear un pacto entre las fuerzas que mantienen un relativo equilibrio de fuerzas. Un pacto, que como durante la Revolución Mexicana, llevó a una nueva legislación.

Esta tendría que organizar al narcotráfico como una industria capaz de generar empleos legales y que los empresarios compitan en vez de ordenar asesinatos, así como de pagar impuestos que mejoren los servicios públicos y financien una política sólida de salud pública en la materia.

De lo contrario, la pesadilla se expandirá. No hay que olvidar que Raymundo Riva Palacio, señaló en su columna Estrictamente Personal, que en la educación que queda, la de las madres, se enseña a los hijos sicarios que es mejor morir en 3 años en la guerra del narcotráfico, que vivir mal toda la vida.

La Suprema Decepción Mediática de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue atacada la semana pasada por rechazar la solicitud de transparentar recursos públicos entregados al sindicato de Pemex.

El Presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoita, levantó ámpula por declarar que el Poder Judicial Federal (PFJ) no podía involucrarse en la lucha contra el crimen organizado, y que la pronta liberación de inculpados se debe a que el Ministerio Público integra mal las averiguaciones previas.

Las críticas en las redes sociales y la prensa fueron furibundas: declaración de luto nacional por el papel asumido por los ministros, funcionarios “decrépitos” y “estúpidos” que le cuestan muy caro al país; llamados a la revisión de sus mecanismos de elección por actuar contra la patria.

Uno de los críticos con mayor eco fue el legendario periodista José Cárdenas, porque posee la fuerza de publicar en esta casa editorial y trasmitir por Radio Fórmula, sino por tener también casi 33,000 seguidores en Twitter.

Cárdenas consideró que Ortiz Mayagoitia era “cínico” por pedir protección y dinero al Gobierno Federal, así como un “tinterillo enano”, al decir que no estaba preparado para hablar de seguridad.

Sin embargo, todos los cuestionamientos tuvieron un común denominador: El desconocimiento total de la Ley que sustenta la actividad de la autoridad, y cuya violación sería la razón fundante de toda crítica sólida, valiosa, especialmente en las circunstancias que vive el país.

El principio de Derecho Público que rige a los órganos del Estado es que están facultados para hacer sólo aquello que la ley les manda, en oposición a los particulares, quienes pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe.

La Ley faculta únicamente al PJF para aplicar las normas al caso concreto y no para ir más allá de su letra, porque estaría usurpando las facultades legislativas del Congreso de la Unión.

En el caso del sindicato de PEMEX, la Ley únicamente obliga a los organismos públicos a transparentar el uso de los recursos y no el uso que hacen de ellos los sindicatos de empresas paraestatales o privadas.

Así, las críticas tendrían que ir dirigidas al Congreso de la Unión, por dormir la reforma panista a la Ley Federal del Trabajo que propone obligar a los sindicatos en ese sentido.

Sobre que el PJF está impedido de involucrarse en la lucha contra el crimen organizado, la respuesta es muy simple: La ley le manda mantener imparcialidad entre el Poder Ejecutivo, quien acusa, y los inculpados, quienes podrían resultar inocentes.
Garantizar la seguridad pública federal es potestad del Poder Ejecutivo, y por tanto, no está dentro de las funciones de Ortiz Mayagoitia dominar la política implementada en la materia. Su obligación no es corregir averiguaciones previas, sino responder por la rectitud en el examen de las pruebas y las sentencias.

Esta semana, también sin fundamento jurídico, los veleidosos críticos transformaron en amor el odio por la SCJN, sin ofrecer a sus lectores la posibilidad de comprender el papel del Supremo Tribunal como mediador de los conflictos políticos y las contradicciones sociales.

Los medios respaldaron mayoritariamente a los ministros acusados por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez de ser la “suprema decepción” y de ser “maiceados” por Marcelo Ebrard y organismos internacionales, por la sola razón de que están a favor de los matrimonios y la adopción entre homosexuales.

Como en la semana anterior, ninguna reflexión sobre si las decisiones de la SCJN se apegaron a la legalidad. Nada de si hizo bien o mal en aplicar el principio constitucional de que en México no puede haber discriminación por causa o motivo alguno, y por tanto, tampoco por razones de preferencia sexual.

Si bien es lamentable que el discurso de los políticos no haga referencia a la ley para criticar a los opositores, es peor que quienes se sienten más afectados por el ejercicio del Poder -medios y ciudadanos- desconozcan el funcionamiento de las instituciones.

Pareciera que para todos, la lucha se desenvuelve en una arena sin las cuerdas del ring. Sin embargo, el conocimiento de la ley y la crítica sobre su aplicación por parte de la autoridad, son lo único que puede coadyuvar a contener la polarización de los actores y al propio crimen organizado. De lo contrario, en el futuro solo tendremos la batalla campal.

Andrés Manuel López Obrador no está solo. Son una inmensa mayoría de políticos, periodistas y ciudadanos, quienes de forma maniquea apuestan porque la solución de México está en mandar al diablo a las instituciones. Pero al final de ese sendero, en vez de luz, hay fuego.