Tenía prohibido alcalde de Santiago descontar a policías

Para alguien educado en el conocimiento de las leyes, observar las acciones de las autoridades mexicanas es vivir una pesadilla.

Esta semana fuimos informados que el alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, había rebajado en 700 pesos el salario de policías municipales a manera de correctivo disciplinario, cooperando así a su propia muerte a manos de los Zetas.

Si bien este hecho manifiesta una abominable falta de sensibilidad del fallecido presidente municipal, se suma el increíble y a la postre mortal desconocimiento de las normas de nuestro país, una vez que la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León le impedía realizar dichos descuentos.

El artículo 32 de la ley que rige las relaciones laborales de los trabajadores municipales señala que “no se deberán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores”, salvo en tres situaciones ajenas a disminuciones como sanción por mal desempeño.

Los tres casos son por anticipo de salario, pagos hechos en exceso, por error o provocar pérdidas al Estado; cobro de cuotas sindicales, fondos para cooperativas o cajas de ahorro, y aquellos ordenados por la autoridad competente para pagar pensiones alimenticias a dependientes económicos.

No sólo hay ninguna mención de descuentos a los trabajadores en caso de no cumplir con sus obligaciones, a manera de correctivo disciplinario, sino que además el artículo 33 prohíbe expresamente aplicar al salario cualquier embargo judicial o administrativo, más allá de lo señalado en artículo anterior.

Por más grave que haya sido la violación de Cavazos a la ley (los bajos salarios son una de las razones que hacen a los policías formar parte del crimen organizado) no es la única dada a conocer recientemente en este terreno.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a raíz del asesinato del presidente municipal, declaró que la descomposición en la que se encuentra su Estado se debe a que en el pasado no se persiguieron de forma suficiente los delitos cometidos por el crimen organizado.

Esta declaración con la que el gobernador busca liberarse de responsabilidad en un entorno social ignorante de la ley, soslaya su papel en impulsar una investigación sobre la probable responsabilidad de funcionarios por omisión en la comisión de innumerables delitos.

El propio Presidente Felipe Calderón ha difundido la misma idea, pero también sin realizar acciones para fincar responsabilidad y sancionar a quienes habrían evitado perseguir al crimen organizado.

Las leyes penales no sólo contemplan sanciones para los servidores públicos que incurren en abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos, si no para quienes teniendo conocimiento del crimen, dejan de perseguirlo convirtiéndose en responsables en grado de complicidad.

De la misma manera, no sólo los funcionarios públicos, sino los propios ciudadanos son exigibles penalmente, en caso de ser testigos de un flagrante delito y no hacer la denuncia correspondiente.

Sin embargo, lo que tenemos hoy son autoridades y ciudadanos nadando en sentido contrario, hacia el incumplimiento de normas generalizado. La muerte de Cavazos es la metáfora de las consecuencias (la ignorancia de la ley es mortal) y la pesadilla del conocedor de la normatividad se hace visible para toda sociedad, aunque esta ignore que su origen radica en la falta de vigencia del orden jurídico.

La inoperancia de los derechos constitucionales al trabajo y a la educación, de la obligación de pagar impuestos, la falta de cobro de las cuotas patronales para pensiones, así como la tolerancia de la sociedad ante los delitos, han creado al crimen organizado.

En el terreno, rige el puro ejercicio de la fuerza de una delincuencia atrapada entre la espada y la pobreza, midiéndose con una autoridad al parecer incapaz de triunfar sobre el enemigo.

En estas circunstancias, la Historia enseña la necesidad de crear un pacto entre las fuerzas que mantienen un relativo equilibrio de fuerzas. Un pacto, que como durante la Revolución Mexicana, llevó a una nueva legislación.

Esta tendría que organizar al narcotráfico como una industria capaz de generar empleos legales y que los empresarios compitan en vez de ordenar asesinatos, así como de pagar impuestos que mejoren los servicios públicos y financien una política sólida de salud pública en la materia.

De lo contrario, la pesadilla se expandirá. No hay que olvidar que Raymundo Riva Palacio, señaló en su columna Estrictamente Personal, que en la educación que queda, la de las madres, se enseña a los hijos sicarios que es mejor morir en 3 años en la guerra del narcotráfico, que vivir mal toda la vida.

La Suprema Decepción Mediática de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue atacada la semana pasada por rechazar la solicitud de transparentar recursos públicos entregados al sindicato de Pemex.

El Presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoita, levantó ámpula por declarar que el Poder Judicial Federal (PFJ) no podía involucrarse en la lucha contra el crimen organizado, y que la pronta liberación de inculpados se debe a que el Ministerio Público integra mal las averiguaciones previas.

Las críticas en las redes sociales y la prensa fueron furibundas: declaración de luto nacional por el papel asumido por los ministros, funcionarios “decrépitos” y “estúpidos” que le cuestan muy caro al país; llamados a la revisión de sus mecanismos de elección por actuar contra la patria.

Uno de los críticos con mayor eco fue el legendario periodista José Cárdenas, porque posee la fuerza de publicar en esta casa editorial y trasmitir por Radio Fórmula, sino por tener también casi 33,000 seguidores en Twitter.

Cárdenas consideró que Ortiz Mayagoitia era “cínico” por pedir protección y dinero al Gobierno Federal, así como un “tinterillo enano”, al decir que no estaba preparado para hablar de seguridad.

Sin embargo, todos los cuestionamientos tuvieron un común denominador: El desconocimiento total de la Ley que sustenta la actividad de la autoridad, y cuya violación sería la razón fundante de toda crítica sólida, valiosa, especialmente en las circunstancias que vive el país.

El principio de Derecho Público que rige a los órganos del Estado es que están facultados para hacer sólo aquello que la ley les manda, en oposición a los particulares, quienes pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe.

La Ley faculta únicamente al PJF para aplicar las normas al caso concreto y no para ir más allá de su letra, porque estaría usurpando las facultades legislativas del Congreso de la Unión.

En el caso del sindicato de PEMEX, la Ley únicamente obliga a los organismos públicos a transparentar el uso de los recursos y no el uso que hacen de ellos los sindicatos de empresas paraestatales o privadas.

Así, las críticas tendrían que ir dirigidas al Congreso de la Unión, por dormir la reforma panista a la Ley Federal del Trabajo que propone obligar a los sindicatos en ese sentido.

Sobre que el PJF está impedido de involucrarse en la lucha contra el crimen organizado, la respuesta es muy simple: La ley le manda mantener imparcialidad entre el Poder Ejecutivo, quien acusa, y los inculpados, quienes podrían resultar inocentes.
Garantizar la seguridad pública federal es potestad del Poder Ejecutivo, y por tanto, no está dentro de las funciones de Ortiz Mayagoitia dominar la política implementada en la materia. Su obligación no es corregir averiguaciones previas, sino responder por la rectitud en el examen de las pruebas y las sentencias.

Esta semana, también sin fundamento jurídico, los veleidosos críticos transformaron en amor el odio por la SCJN, sin ofrecer a sus lectores la posibilidad de comprender el papel del Supremo Tribunal como mediador de los conflictos políticos y las contradicciones sociales.

Los medios respaldaron mayoritariamente a los ministros acusados por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez de ser la “suprema decepción” y de ser “maiceados” por Marcelo Ebrard y organismos internacionales, por la sola razón de que están a favor de los matrimonios y la adopción entre homosexuales.

Como en la semana anterior, ninguna reflexión sobre si las decisiones de la SCJN se apegaron a la legalidad. Nada de si hizo bien o mal en aplicar el principio constitucional de que en México no puede haber discriminación por causa o motivo alguno, y por tanto, tampoco por razones de preferencia sexual.

Si bien es lamentable que el discurso de los políticos no haga referencia a la ley para criticar a los opositores, es peor que quienes se sienten más afectados por el ejercicio del Poder -medios y ciudadanos- desconozcan el funcionamiento de las instituciones.

Pareciera que para todos, la lucha se desenvuelve en una arena sin las cuerdas del ring. Sin embargo, el conocimiento de la ley y la crítica sobre su aplicación por parte de la autoridad, son lo único que puede coadyuvar a contener la polarización de los actores y al propio crimen organizado. De lo contrario, en el futuro solo tendremos la batalla campal.

Andrés Manuel López Obrador no está solo. Son una inmensa mayoría de políticos, periodistas y ciudadanos, quienes de forma maniquea apuestan porque la solución de México está en mandar al diablo a las instituciones. Pero al final de ese sendero, en vez de luz, hay fuego.