La Suprema Decepción Mediática de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue atacada la semana pasada por rechazar la solicitud de transparentar recursos públicos entregados al sindicato de Pemex.

El Presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoita, levantó ámpula por declarar que el Poder Judicial Federal (PFJ) no podía involucrarse en la lucha contra el crimen organizado, y que la pronta liberación de inculpados se debe a que el Ministerio Público integra mal las averiguaciones previas.

Las críticas en las redes sociales y la prensa fueron furibundas: declaración de luto nacional por el papel asumido por los ministros, funcionarios “decrépitos” y “estúpidos” que le cuestan muy caro al país; llamados a la revisión de sus mecanismos de elección por actuar contra la patria.

Uno de los críticos con mayor eco fue el legendario periodista José Cárdenas, porque posee la fuerza de publicar en esta casa editorial y trasmitir por Radio Fórmula, sino por tener también casi 33,000 seguidores en Twitter.

Cárdenas consideró que Ortiz Mayagoitia era “cínico” por pedir protección y dinero al Gobierno Federal, así como un “tinterillo enano”, al decir que no estaba preparado para hablar de seguridad.

Sin embargo, todos los cuestionamientos tuvieron un común denominador: El desconocimiento total de la Ley que sustenta la actividad de la autoridad, y cuya violación sería la razón fundante de toda crítica sólida, valiosa, especialmente en las circunstancias que vive el país.

El principio de Derecho Público que rige a los órganos del Estado es que están facultados para hacer sólo aquello que la ley les manda, en oposición a los particulares, quienes pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe.

La Ley faculta únicamente al PJF para aplicar las normas al caso concreto y no para ir más allá de su letra, porque estaría usurpando las facultades legislativas del Congreso de la Unión.

En el caso del sindicato de PEMEX, la Ley únicamente obliga a los organismos públicos a transparentar el uso de los recursos y no el uso que hacen de ellos los sindicatos de empresas paraestatales o privadas.

Así, las críticas tendrían que ir dirigidas al Congreso de la Unión, por dormir la reforma panista a la Ley Federal del Trabajo que propone obligar a los sindicatos en ese sentido.

Sobre que el PJF está impedido de involucrarse en la lucha contra el crimen organizado, la respuesta es muy simple: La ley le manda mantener imparcialidad entre el Poder Ejecutivo, quien acusa, y los inculpados, quienes podrían resultar inocentes.
Garantizar la seguridad pública federal es potestad del Poder Ejecutivo, y por tanto, no está dentro de las funciones de Ortiz Mayagoitia dominar la política implementada en la materia. Su obligación no es corregir averiguaciones previas, sino responder por la rectitud en el examen de las pruebas y las sentencias.

Esta semana, también sin fundamento jurídico, los veleidosos críticos transformaron en amor el odio por la SCJN, sin ofrecer a sus lectores la posibilidad de comprender el papel del Supremo Tribunal como mediador de los conflictos políticos y las contradicciones sociales.

Los medios respaldaron mayoritariamente a los ministros acusados por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez de ser la “suprema decepción” y de ser “maiceados” por Marcelo Ebrard y organismos internacionales, por la sola razón de que están a favor de los matrimonios y la adopción entre homosexuales.

Como en la semana anterior, ninguna reflexión sobre si las decisiones de la SCJN se apegaron a la legalidad. Nada de si hizo bien o mal en aplicar el principio constitucional de que en México no puede haber discriminación por causa o motivo alguno, y por tanto, tampoco por razones de preferencia sexual.

Si bien es lamentable que el discurso de los políticos no haga referencia a la ley para criticar a los opositores, es peor que quienes se sienten más afectados por el ejercicio del Poder -medios y ciudadanos- desconozcan el funcionamiento de las instituciones.

Pareciera que para todos, la lucha se desenvuelve en una arena sin las cuerdas del ring. Sin embargo, el conocimiento de la ley y la crítica sobre su aplicación por parte de la autoridad, son lo único que puede coadyuvar a contener la polarización de los actores y al propio crimen organizado. De lo contrario, en el futuro solo tendremos la batalla campal.

Andrés Manuel López Obrador no está solo. Son una inmensa mayoría de políticos, periodistas y ciudadanos, quienes de forma maniquea apuestan porque la solución de México está en mandar al diablo a las instituciones. Pero al final de ese sendero, en vez de luz, hay fuego.